El 22 de
marzo de 1873 se aprobó en las Cortes de España la ley que abolía la
esclavitud en Puerto Rico. El decreto dejó en libertad a un total de 29
mil esclavos de ambos sexos, lo cual representaba un cinco por ciento de
la población general en Puerto Rico. Los hacendados esclavistas habrían
de ser indemnizados por la pérdida de su “propiedad”. Si embargo, la
libertad de los negros esclavos fue condicionada, puesto que se obligó a
los libertos a hacer contratos durante tres años luego de abolida la
esclavitud. El mismo decreto establecía, además, que no
habrían de tener derechos políticos hasta cinco años después. No
obstante, la noticia fue celebrada por la mayoría de la población y la
expectativa de que los negros atacarían a los blancos (como había
ocurrido en otras partes del Caribe) no se dio.
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